Pacto fiscal: el detalle de las medidas que propone Hacienda para endurecer la persecución de la evasión y la elusión

Al igual que en las dos semanas previas, por estos días el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se encuentra desplegando esfuerzos para alcanzar un acuerdo que derive en un pacto fiscal, que considere también la posibilidad de retomar la vía legislativa de la reforma tributaria.

Si en días previos se dieron a conocer medidas para modernizar el Estado e incentivar el crecimiento y la inversión, esta semana fue el turno para poner sobre la mesa cambios a los regímenes para las pequeñas y medianas empresas (PYME) y políticas para combatir la evasión y la elusión, como parte de los seis pilares que contempla el pacto fiscal.

Justamente en este último punto hay una serie de temas que los distintos actores del mercado legal y tributario se encuentran analizando, debido a que implican modificaciones de fondo al actuar del Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Nacional de Aduanas (SNA), la Tesorería General de la República (TGR), y los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA).

Por ejemplo, se crean expedientes electrónicos y se establecen como procedimiento general las notificaciones vía correo electrónica tanto para los TTA como la TGR, mientras que en el caso de Aduanas se mejorará la aplicación de multas y la notificación vía e-mail. En el caso del SII, se insistirá en la multijurisdicción, que significa que una dirección regional podrá fiscalizar a contribuyentes en otras áreas del territorio nacional, también aplicando mejoras en la fiscalización dentro de los grupos empresariales y a los términos de giro de actividades.

También se insistirá en la creación de un Registro de Beneficiarios Finales, que ahora se amplía no solo a compañías, sino también a entidades con o sin personalidsad jurídica e independiente de si tengan o no fines de lucro. Cuando reciban fondos estatales, alguna información de los beneficiarios finales será pública.

Se fortalecen sanciones

La propuesta de Hacienda busca que se establezca como delito tributario el transporte o almacenamiento de bienes que no han cumplido con sus obligaciones tributarias; a su vez, se mejora el tipo penal y se aumentan sanciones a quienes ejerzan el comercio clandestino, sobre todo a través de medios digitales; y también se incorporan medidas cauterales para investigaciones por delitos tributarios, como el embargo de bienes y el congelamiento de activos financieros.

"Estas medidas son esencialmente temporales, luego el SII deberá interponer las acciones judiciales que correspondan", se lee en el borrador de las propuestas que presentó Teatinos 120 a empresarios y gremios PYME esta semana.

Junto con esto, se incrementarán las saciones a quienes presenten declaraciones falsas de impuestos o quienes falseen datos al momento de realizar inicio de actividades ante el SII.

También, Hacienda puso sobre la mesa la ampliación de los supuestos para hacer efectiva la clausura de establecimientos. Así, se incorpora el no envío de los documentos electrónicos al SII como un hecho que gatille el cierre temporal. "En este sentido, se incrementan las sanciones a la vulneración de la clausura", dice el documento oficial.

Todo esto se suma a la aplicación administrativa de la Norma General Antielusión (NGA), que será realizada por el SII y no los TTA, pero con matices: se creará un comité asesor que emitirá opinión sobre los casos y el servicio no podrá aplicar nuevamente la norma en un mismo caso, independiente de cuál sea el resultado judicial.

Eso sí, el Ejecutivo puso sobre la mesa la creación de una nueva norma especial antielusión cuando se realicen operaciones destinadas a evitar la generación del IVA en la enajenación de inmuebles a través de sociedades.

También, Hacienda insistirá con la creación de la figura del "denunciante anónimo" con fines tributarios, quien podrá denunciar ilícitos que lesionen las arcas fiscales a cambio de una recompensa, pero también incluyendo multas para quienes entreguen denuncias o información falsa.